Martes, 14 de agosto de 2007

Leyes antiterroristas en el Mercosur

Ind?genas y trabajadores: ??peligrosos? y ?terroristas??
Ana Laura Cossani
APM



El Senado paraguayo rechaz? una norma similar a las de Argentina y Chile. Esta apunta a aquellos que propaguen el ?odio pol?tico? y tengan contactos internacionales. ?Criminalizaci?n de las protestas sociales en marcha?

La C?mara de Senadores de Paraguay rechaz? este jueves un proyecto de ley antiterrorista que hab?a sido fuertemente cuestionado por organizaciones sociales porque pone a los trabajadores y a los ind?genas en la lista de ?sospechosos?. Al igual que las leyes aprobadas en Argentina y Chile, la norma determina que ser?an los jueces quienes tendr?n que utilizar su criterio personal para definir qui?nes son los que ?propagan el odio pol?tico? y que tienen ?contactos internacionales? que los hacen ?peligrosos?.

La aprobaci?n de la norma no fue descartada sino que los legisladores paraguayos deber?n estudiar el tema y dejar la tipificaci?n y penalizaci?n del terrorismo para una ley especial futura. El senador Marcelo Duarte del Partido Patria Querida, encargado de comunicar las actividades de su C?mara, adelant? que aprobar alg?n tipo de norma especial significar? crear procedimientos, penas e instrumentos jur?dicos, que quedar?n fuera de las garant?as establecidas en el C?digo Penal.

Las modificaciones, tal como se plantearon hasta el momento, establecen el aumento de los marcos penales y castiga con mayor rigor a personas con orientaci?n sexual diferente. Adem?s, los delitos y cr?menes contra el patrimonio tienen penas m?s graves que los que vulneran la integridad f?sica y la autonom?a sexual. De esta forma, hasta las pintadas en paredes con consignas pol?ticas contra el gobierno podr?an ser tomadas como un delito ?grave? y penado por los jueces.

Por este motivo, el Centro por la Justicia y el Derecho Penal Internacional (Cejil), una ONG internacional, envi? una carta al Senado de Paraguay por las modificaciones al C?digo Penal aprobadas por la C?mara de Diputados para ?prevenir y castigar actos de terrorismo?.

Seg?n el texto, al que tuvo acceso APM, ?la ley podr?a prestarse a persecuciones pol?ticas? y ?no se adecua a tratados internacionales y la tipificaci?n de terrorismo que figura en el documento es preocupante?.

Asimismo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expres? que la propuesta permitir?a que jueces incluyan entre las conductas peligrosas las marchas de protesta. Tambi?n la coordinaci?n Por un pa?s para la mayor?a y la Alianza Patri?tica Socialista condenaron las reformas aprobadas al C?digo Penal.

En Chile por ejemplo, est? vigente la Ley 18314 Antiterrorista, que fue aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet y es uno de los objetivos de Estados Unidos tras los hechos del 11 de septiembre de 2001 (11S). La norma es usada contra mapuches, militantes de izquierda y estudiantes que critican algunas medidas del gobierno o reclaman sus derechos.

En abril del 2006 el Gobierno chileno se comprometi? a no aplicar la norma en casos donde est?n involucrados los pueblos originarios, luego de que la abogada de la Corporaci?n de Derechos Ciudadanos, Alejandra Arriaza y el lonko Jos? Carileo, exigieran al Ejecutivo la liberaci?n de tres comuneros mapuches y una activista pro-ind?gena condenados a 10 a?os de c?rcel.

Aunque el Gobierno no accedi? a la petici?n, se comprometi? a trasladar a los reos hasta un centro de estudios y trabajo. Pero la ley no fue modificada y cuando los mapuches fueron apresados, el gobierno se ampar? en las leyes para justificar los arrestos. En esa ocasi?n, la presidenta Michelle Bachelet, dijo que no pod?a intervenir porque era una decisi?n de la Justicia, instituci?n que deja mucho que desear, si se tiene en cuenta que el Poder Judicial fue elegido como la instituci?n m?s corrupta en Chile seg?n un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo.

En el caso de Paraguay, la Constituci?n reconoce el derecho de los ind?genas sobre sus tierras, pero las medidas de protecci?n ?no est?n siendo respetadas?. As? lo se?al? a agencias internacionales, Jonathan Mazower, investigador de Survival. Seg?n explic?, la deforestaci?n ilegal contin?a y s?lo una quinta parte de las hect?reas reclamadas se han transferido.

El problema es que con la nueva ley Antiterrorista, las tierras nunca podr?n ser recuperadas, porque el m?nimo reclamo permitir? a las autoridades policiales arrestar a los manifestantes alegando que promueven el odio contra el gobierno o que tienen contactos internacionales con otros pueblos originarios como los del Chaco argentino, que reclaman los mismos derechos sobre sus tierras.

Por este motivo, las organizaciones sociales paraguayas cuestionaron que el proyecto de ley no prev? sanciones por violaciones a las leyes cometidas por personas leg?timamente electas por el pueblo y cuestionaron la forma en que podr?a ser aplicada la norma. Ahora deber?n esperar a que sea reestudiada para ver qu? plantea su redacci?n final.

En Argentina, el problema se extiende tambi?n a la lucha por los Derechos Humanos. Aunque las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional proh?ben a los uniformados realizar espionajes en organizaciones sociales. Sin embargo, en julio pasado trascendi? que fiscales y polic?as federales entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigaci?n de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro) sobre la ?presunta amenaza del narcoterrorismo? de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el informe, aparec?an involucrados luchadores sociales como el cura Luis Farinello, Patricio Echegaray, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz, Adolfo P?rez Esquivel, por haber participado en el 2004 en una charla donde se conmemoraron los 40 a?os de la creaci?n de las FARC. Con la ley antiterrorista, cualquier juez podr?a justificar no s?lo una conexi?n ?directa? con el narcotr?fico sino tambi?n un ?contacto internacional? y enviar a cualquiera de los implicados a la c?rcel con una pena de entre 2 y 5 a?os.

En el mismo informe se se?al? a la Triple Frontera de Argentina-Brasil-Paraguay como un lugar donde los secuestros son habituales para ?financiar? pol?ticamente a agrupaciones como el Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay y el Frente Patri?tico Manuel Rodr?guez de Chile.

La poca claridad de la Ley Antiterrorista y la experiencia del accionar judicial en Paraguay, pone en evidencia la necesidad de revisar el texto de la norma y terminar con ciertas pr?cticas policiales que apuntan directamente a encontrar conexiones entre narcotr?fico, terrorismo y luchadores sociales en toda la regi?n.

Un ejemplo es el juicio contra los acusados del secuestro y asesinato de la Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay Ra?l Cubas Grau. El proceso estuvo cruzado por denuncias de irregularidades graves y de violaciones a los Derechos Humanos de los seis acusados. Pero lo m?s grave es que en el juicio se sigui? hablando de una conexi?n internacional relacionada al PPL y las FARC.

En todos los casos, los militantes argentinos coincidieron en denunciar los espionajes y pedir aclaraciones sobre el accionar policial. Critican no s?lo que se los observe y se elaboren informes sobre ellos, sino tambi?n que se los involucre en causas judiciales relacionada al narcotr?fico cuando lo ?nico que hicieron fue participar de una charla en una Universidad.

Los informes los hacen sospechosos y plausibles de ser investigados cuando ni siquiera aparece una m?nima cantidad de marihuana que pueda inculparlos de cr?menes relacionados al narcotr?fico.

Como un pasado que vuelve y en el marco de un Mercosur que promueve la autonom?a regional, resulta al menos cuestionable que se sigan aprobando leyes de acuerdo a los intereses de Washington. No es casualidad que el Presidente de la C?mara de Senadores paraguayo, Miguel Abd?n Saguier, haya recibido en julio a Carol Fuller, Secretaria Ejecutiva del Comit? Interamericano Contra el Terrorismo de la Organizaci?n de Estados Americanos (OEA).

En esa ocasi?n Fuller le expres? el deseo de su organizaci?n de que Paraguay cuente con una legislaci?n que penalice los actos de terrorismo, en conformidad a los compromisos internacionales asumidos por ese pa?s.
Tras la media sanci?n de la ley, el Partido Comunista Paraguayo (PCP) convoc? a la poblaci?n a protestar para exigir su repudio porque consideran que reedita la pol?tica terrorista de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y que pretende legalizar la criminalizaci?n y la penalizaci?n de las luchas sociales.

En Chile, la ley antiterrorista data de la ?poca dictatorial de Pinochet y en Argentina la norma fue comparada con el Plan C?ndor, ya que busca justificar la ilegalidad del accionar policial por la ?necesidad? de combatir a todos aquellos considerados subversivos.

Si bien el Senado de Paraguay se rechaz? la ley antiterrorista, el proyecto ser? devuelto a la C?mara de Diputados que solo podr? aprobarlo con dos tercios de los votos.

En el Siglo XXI siguen apareciendo nombres y c?digos que dan escalofr?os, sin embargo nadie podr? protestar contra ello: debido a las leyes aprobadas y otras que est?n en estudio se los podr?a enviar a la c?rcel por ?propagar el odio? o por afirmar que hay cierta conexi?n internacional entre las leyes antiterroristas, dise?adas por Estados Unidos.


Fuente:rebelion.org

Tags: ley antiterrorista, indígenas, trabajadores, MERCOSUR, latinoamérica, Paraguay, rebelión

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