LA SOCIEDAD QUE DESPIERTA
 
Por William Ospina

 En los últimos veinte años Colombia ha vivido un verdadero holocausto del que apenas comenzamos a enterarnos.
Los medios de comunicación han divulgado la proliferación de fosas comunes donde los paramilitares sepultaron a sus víctimas por todo el territorio, desde Sucre hasta Nariño, desde el Valle del Cauca hasta Santander, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el Magdalena medio. Otra vez, como en los años cincuenta, bandas de hombres armados entraron a medianoche en las aldeas, llenaron de zozobra las regiones, ejecutaron de un modo feroz y escalofriante a gentes desarmadas, en unos casos acusándolas con razón o no de ser guerrilleros, en otros casos utilizando el pretexto de la lucha contra la guerrilla para crear terror en las poblaciones, apoderarse de las tierras y desplazar a los habitantes.
No sólo los crímenes sino la sevicia de sus circunstancias, y la revelación de que esas bandas de paramilitares obraron a veces con la complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas, obraron a veces con el patrocinio de dueños de la tierra y de sectores empresariales, obraron a la vista de todo el mundo y hasta cobraban por su trabajo a los comerciantes de los pueblos, asegurando que estaban llevando defensa y protección a la comunidad, son cosas que repugnan a todo espíritu democrático. Hace mucho tiempo sabemos que cada vez que la sociedad se ve amenazada por el crimen su único deber es corregir y fortalecer las instituciones legítimas, y que entregar la defensa de la sociedad a bandas de criminales es el modo más seguro de hundir a un país en el caos y en la degradación moral.

Si en Francia, en España, en México o en Argentina, se diera un fenómeno tan masivo de crueldad, de miles de víctimas atrozmente asesinadas a las que nadie les demostró jamás su culpabilidad, es seguro que esas sociedades, como un mecanismo de decencia social, como un mecanismo de purificación mental y moral, saldrían masivamente a las calles a rechazar esos hechos atroces, a exigir justicia y reparación, y procurarían que todo lo ocurrido saliera a la luz. Así reaccionó la Argentina ante los crímenes cometidos por las dictaduras, aunque por supuesto se necesitó el liderazgo de las madres de la Plaza de Mayo, cuyo amor por las víctimas pudo más que el miedo a los victimarios. Ellas le enseñaron a todo un continente que el silencio es un acto de complicidad, que a menudo hasta los criminales necesitan que la sociedad les diga lo que hicieron, porque la inercia infernal de la sangre suele anestesiar las conciencias y acaba por hacer que ni los victimarios comprendan la enormidad monstruosa de sus propios actos.
Alguien tiene que ser capaz de reaccionar. No para reclamar venganza, ni siquiera para exigir justicia, sino para demostrarse a sí mismo que no ha perdido su dignidad humana, su capacidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Una sociedad que no sea capaz de levantarse con toda claridad contra esas oleadas de la barbarie, contra esas reviviscencias del horror, corre el peligro de que esos hechos terribles se repitan sin fin, y que el miedo termine siendo más poderoso que la confianza como ingrediente de la vida cotidiana. Todos tristemente sabemos que en Colombia ha sido así, y en estos días, cuando el Estado está procurando someter a la ley a los paramilitares y tiene asediadas a las guerrillas, es ya hora de reaccionar, de mostrar que la sociedad existe y sabe lo que pasó y rechaza los caminos de la barbarie.

El cuatro de febrero fue inequívoco el rechazo de la sociedad entera a los crímenes de la guerrilla. Colombia se levantó contra los secuestros, contra los campos de concentración que las FARC mantienen en el corazón de las selvas colombianas, contra unas organizaciones criminales que hace ya décadas mantienen a la sociedad amenazada y chantajeada. Y no se levantó sólo para rechazar el secuestro sino para afirmar su propia dignidad, su libertad, su deseo de vivir con plenitud en un país pacífico y democrático.
Pero todavía Colombia no ha hecho sentir su grito de rechazo contra la otra barbarie, que nos puso a vivir en un inmenso campo de tumbas sin nombre. Y ese rechazo tiene que ser igualmente enérgico, tiene que hacerles sentir a los victimarios, ahora en proceso de sometimiento a la justicia, que esos fenómenos de justicia privada tan frecuentes en Colombia no pueden repetirse. La marcha del seis de marzo no debe ser sólo contra los crímenes que cometieron los paramilitares, sino contra la tendencia de muchos ciudadanos a pensar que el crimen es legítimo si se comete con una determinada intención.
Una larga serie de sentencias judiciales de los últimos tiempos ha condenado al Estado a pagar gigantescas indemnizaciones por crímenes que se han cometido con intervención de algunos de sus agentes o por negligencia institucional. La ciudadanía tiene también el deber de rechazar que algunos funcionarios, e incluso miembros de las Fuerzas Armadas, traicionando sus deberes constitucionales, hayan violado la ley que era su deber defender, hayan profanado la majestad de las instituciones, y quieran convertirnos en cómplices de sus crímenes. El que esos delitos se paguen con nuestros impuestos significa que se nos está convirtiendo en responsables de todo aquello que no somos capaces de rechazar. Marchar es también la manera de hacernos conscientes de nuestra responsabilidad como ciudadanos, y de asumir un papel más activo en la vida nacional.

Por eso no está bien que algunas personas, no sé con qué intención, quieran disuadirnos del deber de marchar contra estos crímenes que, lo mismo que el secuestro y la extorsión, repugnan a la condición humana y nos convierten en rehenes de todos los odios y todas las crueldades. Algunos hasta piensan, contra todas las costumbres de la democracia, que una marcha ya es suficiente, y se atreven a decir, torciéndole el cuello a la lógica, que una segunda marcha atenúa el efecto de la primera. Nada más contundente que mostrar que una sociedad es capaz de marchar una y muchas veces para que no queden dudas de su rechazo a todas las violencias, a todos los chantajes y las amenazas. Tanto los paramilitares como las guerrillas han intentado convertir estas marchas en instrumentos de su odio. Ello es imposible: nadie podrá acusar a millones de personas que marchan en paz contra cosas que son evidentemente repudiables, y que marchando se hermanan en una vocación pacífica y democrática, de ser voceros de ningún criminal. Hay que marchar con decisión, hay que marchar con alegría, y, dado que la libertad es lo primero, sólo hay que marchar si uno, en su corazón, en la soledad central de su yo, como decía Borges, siente que ese holocausto que Colombia ha vivido en los últimos años también merece un rechazo clamoroso y multitudinario.

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