Lunes, 13 de agosto de 2007

Imagen


El miembro del secretariado de las FARC pide "un gran pacto social por la paz"
Enredado en sus propias espuelas
Iv?n M?rquez
Rebeli?n


La reciente providencia de la Corte Suprema de Justicia que establece claramente que paramilitarismo no es sedici?n, ha provocado la m?s delirante sublevaci?n del Presidente ?lvaro Uribe frente a un fallo, que seg?n las propias convenciones del Estado, debi? acatar con serenidad.

Fuera de casillas el Presidente cree que dicha sentencia contiene un "sesgo ideol?gico", por el hecho de que se interpone en su determinaci?n de dejar para siempre en la impunidad los cr?menes de lesa humanidad del paramilitarismo en Colombia. La Corte le ha advertido que el Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia com?n con la pol?tica y le ha reiterado que concierto para delinquir no es sedici?n.

Anegado en su irritaci?n el Presidente ha anunciado, en abierto desaf?o a la valoraci?n de la Corte, que su gobierno radicar? en el Congreso un proyecto de ley para darle al paramilitarismo, por encima de lo que sea, la connotaci?n de delito pol?tico. Se la est? jugando toda para burlar el derecho de las v?ctimas y de la sociedad a que se haga justicia. Se entiende que est? desesperado por darle cumplimiento al misterioso Pacto de Ralito, que lo compromete con las exigencias de impunidad absoluta de sus socios narco-paramilitares.

La calificaci?n del delito pol?tico no est? supeditada a los vaivenes emocionales o a los sentimientos de un Presidente. Sus linderos ya est?n demarcados por el derecho universal. Uribe debe estar crey?ndose una especie de demiurgo jur?dico con la potestad de desconocer el car?cter pol?tico de la lucha de los verdaderos rebeldes y sediciosos, para otorgarlo bajo torcidos criterios, a la delincuencia com?n que es el paramilitarismo de Estado. Las cosas deben llamarse por su nombre. Lo que hizo el paramilitarismo fue apuntalar al gobierno. Y que se sepa, las masacres de poblaci?n inerme, el descuartizamiento de personas con motosierra, el desplazamiento forzoso, el despojo de tierras, el narcotr?fico, el lavado de activos?, no contienen motivaciones altruistas. En el fondo existe un prop?sito de auto exculpaci?n y de exoneraci?n del Estado creador de ese monstruo que ha llenado la patria de luto y desolaci?n.

Impedir que Uribe ponga patas arriba la realidad no debe ser preocupaci?n exclusiva de la Corte Suprema de Justicia sino de toda la sociedad. Y en este sentido, c?mo resuena el silencio de la Corte Constitucional frente al fuego artillero del ejecutivo contra la autonom?a y la independencia del poder judicial y contra las doctrinas universales del derecho.

El pa?s no puede dejarse contagiar por la insania uribista que niega el delito pol?tico en el caso de la guerrilla, s?lo para darle sustento a la tesis descabellada de la inexistencia del conflicto armado en Colombia. Frente a m?s de 4 d?cadas de persistente y organizada lucha, de avances de una estrategia insurgente, de di?logos de paz con los gobiernos y de propuestas pol?ticas como la Uni?n Patri?tica y el Movimiento Bolivariano, no se puede enterrar la cabeza en la arena. Es mejor guiarse por la realidad, tal como lo hace la Corte, al ratificar en el marco del alegato fren?tico de Uribe, que en Colombia s? hay un conflicto armado interno.

Debemos frenar las incoherencias del mandatario ileg?timo que ayer decret? la muerte del delito pol?tico y hoy pretende revivirlo en un proyecto de ley, s?lo para favorecer a sus paramilitares del alma. Realmente Uribe est? enredado en sus propias espuelas.

De cara hacia la paz, la justicia social, la verdadera democracia y la soberan?a, estamos frente a un desbarajuste institucional que reclama una reingenier?a total. Debemos comenzar d?ndole a las cosas su propia denominaci?n. Es necesario rescatar la concepci?n del delito pol?tico desvirtuado por las oligarqu?as reaccionarias que resolvieron a su arbitrio quitarle a la rebeli?n los delitos conexos, torn?ndola en emprendimiento propio de querubines reci?n nacidos, porque ello conduce al delito de opini?n, al constre?imiento de la conciencia, al tiempo que obstruye cualquier intento de soluci?n pol?tica o diplom?tica del conflicto. Si en el poder hay una maquinaria violenta que impone con ej?rcitos y con armas la opresi?n de unas minor?as privilegiadas, el pueblo tiene derecho al alzamiento, a la respuesta con las armas. En el dogma filos?fico de la insurrecci?n el Libertador Sim?n Bol?var, padre de la Patria, nos ense?a que "en el delirio del despotismo, en el exceso de la opresi?n, en ausencia o durante el sue?o de las leyes?, el hombre virtuoso se levanta contra la autoridad opresora e inaguantable para sustituirle? por otra respetada y amable".

A Colombia le est? llegando el momento de pensar en un gran pacto social por la paz, en un gran acuerdo nacional en el que participen todas las organizaciones pol?ticas y sociales, incluida la guerrilla -que lucha por cambios estructurales y por un nuevo gobierno-, de tal manera que entre todos sentemos las bases y derroteros de la Nueva Colombia soberana, independiente, justa, pac?fica y unitaria como la quer?a el libertador y tambi?n la queremos.

Monta?as de Colombia, agosto 7 de 2007

Tags: FARC, guerrilla, revolución, pacto, Simón Bolívar, paramilitar, Álvaro Uribe

Comentarios