Yo aún no había entrado al colegio, cuando un japonés gobernaba el Perú, apoyado por los grupos de mayor poder económico del país y por los siempre leales medios de desinformación masiva… Hablo del año 1992 y de uno de los gobiernos más corruptos en la historia del país, y de su protagonista: Alberto Fujimori.

En las elecciones del año 1990, el desconocido Alberto Fujimori gana la presidencia al escritor Mario Vargas Llosa, que se había transformado de socialista a conservador de la rancia derecha peruana. Fujimori fue el nuevo peón del imperio, que siguiendo los pasos de Pinochet, instauró las políticas económicas neoliberales, que continúan vigentes en el país.

Era la noche del 5 de abril de 1992, cuando de diversos cuarteles militares, de la capital, salen a las calles tanques de guerra y camiones porta tropas con dirección al Palacio de Gobierno, al Palacio de Justicia, al Congreso de la República y a toda zona sospechosa de posible resistencia. Acto seguido, sobre todas las pantallas de televisión se reflejó el rostro de Alberto Fujimori, que ordenó disolver el congreso nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, y además prometió acabar con el terrorismo. Era pues, el comienzo de la dictadura genocida de Fujimori, y su gobierno del terror.





Concluido el autogolpe, Fujimori se dirige al “ministerio de las colonias” (OEA) y presenta al Perú como un país que afronta una guerra interna y su objetivo es (en palabras del genocida) “pacificar el país dentro de un marco jurídico que garantice la aplicación de sanciones drásticas a los terroristas”. Y lo cumplió.

El marco jurídico fue preparado, una ley denominada “antiterrorista”, fue suficiente para legalizar la violación a los derechos fundamentales de la persona, el terror era inevitable… Y estalló en el Penal Canto Grande, o también conocido como Miguel Castro Castro.

El día 6 de mayo tuvo lugar en el penal Castro Castro un genocidio contra presos por terrorismos, que estaban siendo procesados, se denominó “Operativo Mudanza 1”.
Cientos de efectivos de la policía y del ejército ingresaron a los pabellones de hombres y mujeres presos, y todo sucedía ante el cómplice silencio de los medios masivos de desinformación. No fue sólo un día, fueron cuatro días.
El resultado: 41 “presuntos” terroristas muertos. Este fue sólo el comienzo del terror durante la dictadura fujimorista.





En noviembre del año pasado la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió un fallo que hasta la fecha es motivo de debate. Dicho fallo ordena al estado peruano indemnizar a las víctimas del genocidio en el penal Castro Castro y pedir disculpas a los familiares de los asesinados por el terrorismo de estado que vivió el pueblo peruano. Alan García, actual presidente del Perú y aliado del fujimorismo, era de esperar que no acepte el fallo, y claro, recibe el incondicional apoyo de los medios privados de desinformación, quienes califican a la CIDH de protectora del terrorismo.

La CIDH no es “santa de mi devoción”; no obstante, existe mucho deseo de justicia en el fallo, que el estado pida perdón al pueblo por combatir el terror con más terror, sería el comienzo de una reconciliación del pueblo con el estado peruano… Pero no le pidan eso a Alan García que tiene más penales que Fujimori en su sangrienta hoja de vida.


A continuación un video del presidente de Argentina: Néstor Kirchner, quien ordena descolgar los cuadros de ex dictadores genocidas (que se encontraban en el Palacio de Gobierno) y en la ceremonia de tal acto, tan significativo para el pueblo argentino, pide perdón por la barbarie perpetrada por dichos dictadores, entre ellos el sanguinario Videla. Sólo así será posible una la reconciliación con el pueblo…